Todo será investigado de manera célere y con la ley

Momento de corroboración, fase de decisiones. La Fiscalía Suprema Especializada en Casos de Corrupción, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, informó que al concluir los interrogatorios a los testigos en la investigación a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides se evaluará la información recabada, de manera integral y con el rigor que exige la ley para decidir el inicio de la respectiva investigación de todos los hechos criminales de los que se tenga noticia.

“Este Despacho Supremo es respetuoso de los rigores que presume la norma penal y procesal penal, que exigen una evaluación integral de lo acontecido y/o revelado una vez haya culminado el acto procesal correspondiente y que podría constituir una noticia criminal, se efectuarán las investigaciones de manera oportuna y célere, con el firme compromiso de velar por la recta y efectiva administración de justicia, la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos”, precisó el despacho de la fiscal suprema, en un comunicado público.

Agregó que la investigación seguida a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas es de naturaleza compleja, por lo cual cuenta con plazos razonables y debidamente definidos, un cronograma de diligencias “planificadas” que se encuentra en pleno desarrollo, “con estricto respeto a los derechos de las personas”, así como sesiones continuadas debido a lo extenso de la información que vienen recabando.

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La Fiscalía suprema informa que, al término de las diligencias, la defensa de Patricia Benavides y la Procuraduría reciben copias simples o certificadas de los interrogatorios, de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, con lo cual se desmarca de la filtración de las declaraciones de Villanueva, del 24 y 30 de enero, pues las partes también tienen copias que pudieron entregar a la prensa.

Agente Roberto

El despacho de la fiscal Espinoza enfatiza que “respeta las libertades de expresión, prensa y el acceso a la información pública” en concordancia con los límites que establece la ley y con respeto a los principios que rigen un Estado de derecho. “En esa línea, el rol de la prensa es fundamental para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, siempre que se dirija de buena fe y responsabilidad, para asegurar que la ciudadanía cuente con información veraz, objetiva y de calidad”.

Las declaraciones que viene brindado el aspirante a colaborador eficaz y testigo Jaime Villanueva en la Fiscalía Suprema han involucrado, hasta el momento, a 26 personas —la presidenta de la República, fiscales, congresistas y abogados— en presuntos actos indebidos o ilícitos.

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Sus declaraciones, en especial la mención a la congresista Martha Moyano, han causado incomodidad y preocupación en el equipo especial que lideran la fiscal superior Marita Barreto y el coronel PNP Harvey Colchado, pues revelan la identidad del agente Roberto, por lo que sospechan que estas declaraciones se han coordinado con Benavides. Las coordinaciones con Moyano son las mismas que aparecen en los chats del agente Roberto.

La suspendida fiscal de la Nación termina siendo la principal beneficiaria de las nuevas declaraciones de Villanueva, pues sus principales detractores al interior y fuera del Ministerio Público ahora están cuestionados. Sus abogados pudieron, pero no cuestionaron la utilidad de las preguntas planteadas por la Fiscalía, permitiendo que este hable de todo y todos…

Todos sospechosos

Las declaraciones de Jaime Villanueva han implicado en presuntos actos indebidos a unas 26 personas, en especial a fiscales supremos y fiscales adjuntos, congresistas, políticos y hasta periodistas de investigación. Pese a la gravedad de este asunto para el Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, guarda un silencio que preocupa en las instancias inferiores de la institución.

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Deberán ser interrogados y aclarar lo que dice Villanueva: la presidenta de la República, Dina Boluarte; los fiscales supremos Patricia Benavides y Pablo Sánchez; el jefe de la autoridad de control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí; el consejero de la Junta Nacional de Justicia Guillermo Thornberry; y los fiscales del caso Lava Jato y Lavado de Activos, Ernesto Vela, José Domingo Pérez y Richard Rojas.

Los fiscales supremos provisionales y el excoordinador del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Uriel Terán Dianderas y Elmer Ríos Luque; los fiscales y colaboradores del despacho de la Fiscalía de la Nación, Marco Huamán Muñoz y Miguel Girao Isidro.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, y los parlamentarios Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcazar Zelada, Ruth Luque, Nano Guerra, Patricia Juárez y ‘Miky’ Torres. Además, Óscar Nieves Vela, Hernán Garrido Lecca, Vladimir Cerrón, José Luis Hauyón Dall’orto y el periodista de investigación y directos de IDL- Reporteros, Gustavo Gorriti.

José Villanueva solo ha realizado un relato de una serie de eventos, en los que según él los fiscales supremos intercambiaron favores indebidos o tomaron decisiones en beneficios de terceros. Sin embargo, no ha presentado pruebas ni señalado si existen audios o videos que puedan corroborar los eventos narrados por él.

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En varios casos, son hechos que Villanueva presenció durante las épocas en que trabajó al lado de los fiscales de la Nación Pablo Sánchez, Pedro Gonzalo Chávarry y Patricia Benavides, o por sus relaciones amicales con el fiscal superior coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela. Otros eventos están relacionados con hechos que le habrían confiado terceras personas, por lo que serán estas las que confirmen si en verdad dijeron lo que dice Villanueva.

El testigo ha vinculado al consejero de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thornberry, con coordinaciones de Hernán Garrido Lecca para nombrar a Patricia Benavides como fiscal suprema y a Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Thornberry ha confirmado que es amigo de Garrido Lecca, conocido como el Africano, desde hace muchos años. La Junta también ha iniciado una investigación a Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez.